Hoy, 13 de diciembre de 2021, se cumple el decimotercer aniversario desde que es aplicable y exigible la Convención en España y 15 desde su adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas.

 

La Convención desde luego ha servido para reactivar la agenda política y legislativa de la discapacidad en todo el mundo, y también en nuestro país, y ha orientado y servido como marco de referencia para todo lo que se haga en relación con las personas con discapacidad obedezca a una visión de derechos humanos.

 

No obstante la exigibilidad de la Convención y a pesar de la tarea del movimiento asociativo articulado en torno al CERMI, para su conocimiento, toma de conciencia y aplicación, son todavía muchas las esferas en que los mandatos de la Convención no se cumplen en nuestro país.

 

Desde la propia Constitución Española, en su artículo 49, que está desfasado en terminología y desalineado en su contenido a la ausencia de un modelo de educación inclusiva, pasando por la permanencia de modelos sociales institucionalizadores, en lugar de promotores de la vida independiente, son algunas de las graves carencias de España a propósito de la Convención.

 

También la ausencia de accesibilidad universal en la mayor parte de entornos, productos y servicios; la pobreza y la exclusión social que impiden que se cumpla el mandato de un nivel de vida adecuado para todas las personas con discapacidad o la situación estructural de exclusión y mayor violencia y abusos hacia las mujeres y niñas con discapacidad, son déficits graves no superados por España.

 

A pesar de estos estos desajustes, la Convención sigue siendo el mayor hecho social, político y jurídico que ha conocido la discapacidad y tiene todavía un arsenal de medidas en favor de la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad por lo que sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para hacer que las personas con discapacidad estén presentes, participen y dirijan sus propias vidas colaborando y aportando a la mejora colectiva.